JUSTICIA PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN (JPIC)

ENERO 2006 - Noticias:


INFORME MUNDIAL DE "HUMAN RIGHTS WATCH" EN CASO DE COLOMBIA (Bogotá, 19-01-2006)
Colombia presenta la "situación más grave" de toda Latinoamérica en el terreno de los derechos humanos, según denunció la organización "Human Rights Watch" (HRW) en su "Informe Mundial 2006".
Colombia es el segundo país del mundo, sólo por detrás de Sudán, en el número de desplazados, más de la mitad de los cuales son menores de 18 años de edad. "Sólo en los tres últimos años más de tres millones de personas, casi un cinco por ciento de la población colombiana, se han visto obligados a desplazarse por el conflicto armado en su país", según el informe de HRW publicado este miércoles.
El estudio se refiere también a la Ley de Justicia y Paz ratificada a finales de julio de 2005 por el presidente Álvaro Uribe y que da marco legal a la desmovilización de paramilitares. Esta ley, según HRW, "no incluye mecanismos efectivos para desmantelar a grupos armados del país que son financiados en parte con dinero del narcotráfico”.
Además, “fracasa en el intento de satisfacer los estándares internacionales de verdad, justicia y la indemnización a las víctimas", agrega el organismo internacional defensor de los DDHH.
Por otra parte, considera que "en ocasiones, miembros de las Fuerzas Armadas han estado implicados, de forma independiente o en colaboración con paramilitares, en abusos". Añade que "la impunidad por dichos crímenes, especialmente cuando están involucrados oficiales militares de alto rango, continúa siendo un problema serio".
El Informe de HRW también señala que se ha hecho "poco esfuerzo" para investigar los crímenes cometidos en el pasado por militares desmovilizados o para acumular "información que pudiera ser usada para desmantelar la estructura de los grupos".
HRW apunta que la "gran mayoría" de las investigaciones relacionadas con abusos de los derechos humanos "nunca son resueltos. El problema de la impunidad afecta a crímenes cometidos por todos los grupos armados, así como por los militares", sostiene.
En su informe, también señala que los observadores de derechos humanos, líderes, periodistas y otros "grupos vulnerables" son "amenazados con frecuencia y atacados" por su trabajo en Colombia. "Las investigaciones relacionadas con esas amenazas y dichos ataques son lentas y rara vez son solucionadas", recuerda HRW.
Por último, tras denunciar el reclutamiento de niños por parte de los combatientes en Colombia, subraya que Estados Unidos es el protagonista extranjero más determinante en el país. En este sentido, subraya el hecho de que en 2005 concedió 800 millones de dólares al gobierno colombiano, la gran mayoría en calidad de ayuda militar.

Información RCN radio

EL 49 POR CIENTO DE LOS COLOMBIANOS VIVE EN CONDICIONES DE POBREZA, REVELA PLANEACIÓN (Bogotá, 18-01-2006)
Según el informe, revelado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el índice de pobreza rural es de 68,2 por ciento, mientras que en las ciudades es de un 42,3 por ciento. Esto significa que 21'953.000 colombianos - de un total de 44 millones que componen la población del país - carecen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. El documento precisó que en el área urbana del país andino existen 13.931.000 habitantes pobres, y en las zonas rurales 8.022.000 personas en esa condición. A pesar de las cifras, el indicador de pobreza en Colombia en 2005 se situó en 49,2%, con disminución de 7,8% frente al registrado en 2002. "La pobreza cayó del 57% en 2002 a 49,2% en 2005, siendo la cifra más baja desde que se tienen datos", dijo Santiago Montenegro, director del DNP. Según el informe, en los últimos tres años cerca de 2,3 millones de colombianos dejaron de ser pobres (1.625.000 en la zona urbana y 645.000 en el campo), debido al crecimiento del ingreso per cápita y a la mejor distribución del ingreso. Asimismo, el documento del DNP señaló que entre 2002 y 2005 la indigencia (que está incluida en el consolidado de pobreza) se redujo en 6% al pasar del 20,7% al 14,7%. La metodología utilizada en el estudio considera como pobre a la persona cuyo ingreso mensual no supera los 224.307 pesos (unos 99 dólares), e indigente cuando no pasa de 90.710 pesos (alrededor de 40 dólares). "El número total de indigentes en Colombia se redujo de 8.816.000 personas en 2002, a 6.579.000 en 2005. En las cabeceras urbanas el año pasado había 3.340.000 personas en esa condición y en las zonas rurales 3.239.000", destacó el organismo.
Montenegro llamó la atención sobre el leve aumento de la pobreza en las zonas rurales del país, que pasó de 67,5% a 68,2% entre 2004 y 2005. El funcionario explicó que el incremento "obedece a la caída en el empleo y los salarios correspondientes a actividades no agrícolas en estas regiones, en especial las relacionadas con los sectores de comercio y servicios".
Además, dijo que "la salida de miles de campesinos dedicados a la siembra de cultivos ilícitos ha sido un factor determinante para el incremento del indicador rural".

Información basada en el diario EL TIEMPO

BOGOTÁ ES LA CIUDAD INUNDADA POR OLA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO (Bogotá, 12-01-2006)
La imagen de una persona suplicando por una moneda con un cartel escrito a mano en el que se identifica como desplazado forma parte, y hace ya tiempo, del paisaje urbano en Bogotá. Pero muy pocos saben realmente quiénes son estas personas, de dónde vienen, dónde viven y qué los ha forzado a trasladarse a la capital.
Por eso, durante año y medio, la Secretaría de Gobierno Distrital se dio a la tarea de realizar la investigación más completa que se haya hecho sobre este fenómeno, y los resultados fueron conocidos por EL TIEMPO.
El estudio revela que Bogotá es la urbe del país que más recibe desplazados. Hoy viven en la ciudad 226.929 desterrados, lo que equivale al 13,3 por ciento del total nacional (1’706.236 personas). Y cada día llegan 20 familias de desplazados a Bogotá.
El 53 por ciento de esas personas viene de los departamentos de Meta (17 por ciento), Tolima (16), Cundinamarca (11) y Caquetá (5,9). Y más de la mitad dice que tuvo que huir por amenazas de la guerrilla (56 por ciento). El 26 por ciento responsabiliza a los paramilitares.
“La característica de ser una ciudad grande y con múltiples oportunidades convierte a Bogotá en un lugar atractivo para la población desplazada”, explica el informe.
El 57 por ciento de los cambuches donde sobrevive esta población están ubicados en cuatro localidades del sur: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme.
La investigación señaló que más de la mitad de los que tienen empleo reciben como remuneración menos de 100 mil pesos mensuales, es decir, viven diariamente con apenas 3.333 pesos. Aun así, el 70 por ciento de los desplazados dice que piensa permanecer en Bogotá.

Información basada en el diario EL TIEMPO

UN "NO" ROTUNDO A LA COCA-COLA POR LOS ASESINATOS Y LOS NEXOS CON LOS PARAMILITARES (Bogotá, 5-01-2006)
La campaña promovida desde hace dos años “Porque amo la vida no tomo Coca-Cola”, esta recobrando la fuerza en distintos colegios y universidades del mundo entero, con la universidad de Oxford incluida. El mensaje que se propaga pretende desestimular el consumo de los productos de Coca-Cola y surge como una forma de protesta por supuestos abusos de la multinacional con los trabajadores y por el uso indebido de los recursos naturales en todo el mundo. Una de las principales motivaciones de la protesta se basa en hechos que se originaron en Colombia, por supuestos vínculos de la empresa con grupos paramilitares y homicidios de dirigentes sindicales en varias ciudades del país. En particular se menciona el crimen de Isidro Segundo Gil, dirigente sindical de Coca Cola, ocurrido el 5 de diciembre de 1996. Señor Gil, quien se desempeñaba como Secretario General de Sinaltrainal y miembro de la comisión negociadora de los trabajadores, fue asesinado en la entrada de la embotelladora en Carepa (Antioquia). También fueron denunciadas las muertes de José Eleazer Manco David, el 8 de abril de 1994, también en Carepa; la de José L. Osorio, de 65 años, quien apareció muerto cerca del cementerio de Chigoró (Antioquia) y el crimen de Oscar Darío Soto, ocurrido el 21 de julio del 2001, en Montería.
Las investigaciones por estos hechos se encuentran en etapa preliminar y aún no se ha llegado a los autores.

Información basada en el diario EL TIEMPO

PUTUMAYO EN TINIEMBLAS (Bogotá, 5-01-2006)
Por sexto día amaneció sin energía eléctrica el departamento de Putumayo tras los ataques de la guerrilla de las FARC a las torres de conducción de energía y además las amenazas de los subversivos a los dueños de los vehículos tiene a media marcha el trasporte en esa zona del país.

Fuente de información W Radio

LEY DE JUSTICIA Y PAZ DA BENEFICIO A PARAMILITARES, INSISTE LA ONU (Bogotá, 4-01-2006)
La Organización de Naciones Unidas, ONU reiteró sus críticas a la polémica ley de Justicia y Paz que otorga beneficios a paramilitares desmovilizados al tiempo que señaló que su reciente reglamentación "no logra establecer adecuadamente el respeto por los derechos de las víctimas". Según un comunicado expedido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, "la Ley no ha logrado establecer el marco jurídico para el desmantelamiento de los grupos ilegales, el reintegro a la sociedad de sus miembros y el respeto a la verdad, justicia y reparación de las víctimas".

Fuente de información W Radio

LAS FARC DESCARTAN ACUERDO HUMANITARIO CON EL GOBIERNO DE ALVARO URIBE (Bogotá, 2-01-2006)
La guerrilla de las Farc descartó un posible acuerdo humanitario con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe para liberar a los secuestrados por ese grupo, pese a las gestiones de apoyo de España, Francia y Suiza. "En su afán de explotar electoralmente una iniciativa", Uribe "ha lanzado al despeñadero todo un esfuerzo diplomático", señalan las FARC en un mensaje divulgado por internet, en el que critican la "actitud precipitada y ligera" del mandatario" colombiano. Al mismo tiempo, las Farc hicieron "un reconocimiento a los buenos oficios de los gobiernos de Francia, Suiza y España".

Fuente de información W Radio